La jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga «posibles ilegalidades» en los contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como el que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí, ha decidido imputar al exfutbolista y empresario Gerard Piqué, quien habría negociado una comisión anual de 4 millones de euros por dicho acuerdo.
Este jueves, la magistrada Delia Rodrigo emitió un auto en el que amplía la investigación a unas quince personas, incluyendo al exjugador del Barcelona y al presidente de la RFEF, Pedro Rocha. También están implicados el empresario Francisco Javier Alcaide, conocido como Nene, y su esposa.
En el nuevo auto, la jueza menciona a la empresa Gruconsa, responsable de las obras en el estadio sevillano de La Cartuja, y a varios de sus directivos. Otros investigados incluyen al exasesor jurídico de la RFEF, Tomás González Cueto, y al exdirector de servicios jurídicos, Pedro Manuel González Segura, junto con su hermano Ángel Ignacio, quienes prestaron servicios en Gruconsa.
«Posibles ilegalidades» en contratos de la RFEF: La Supercopa
La investigación, que también involucra a Luis Rubiales, se centra en posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal en varios contratos de la RFEF durante su presidencia, sin descartar un posible blanqueo de capitales.
Uno de los contratos bajo escrutinio es el que llevó la Supercopa a Arabia Saudí, firmado en 2019 y prorrogado un año después entre la RFEF y la empresa saudí Sela. En estos acuerdos, se estableció una «prima de éxito» a favor de una «tercera parte agente» -Piqué, representando a la empresa Kosmos- que no se identificaba en los documentos originales pero que se reveló en otros.
La jueza destaca una cláusula del contrato que garantizaba el pago de 4 millones de euros anuales a Kosmos, «aunque esta empresa formalmente sería la comisionista de Sela». En el momento de la firma, Piqué todavía era jugador del Barcelona, equipo que participaba en la Supercopa.
Pedro Rocha, en su calidad de vicepresidente económico en ese momento, estaría implicado directamente en la contratación con Arabia Saudí o en la comisión económica que presidía para analizar las prórrogas. Sin embargo, la jueza señala que Rocha «aparentemente» se abstuvo de convocar a este órgano para la contratación y de reclamar el expediente correspondiente.
Entidades y figuras clave bajo investigación
La jueza desglosa en su auto las principales líneas de investigación, incluyendo el entramado societario en el que participaron «personal directivo de la RFEF», empleados y empresarios cercanos a Rubiales. Se ha detectado una «posible triangulación de fondos» entre la federación, la empresa Dismantec y Gruconsa, con ingresos «llamativos y de interés».
Durante la presidencia de Rubiales, la RFEF habría contratado a Gruconsa «presuntamente a cambio» de que esta realizara pagos a Dismantec, administrada por el amigo del expresidente, Nene. Entre 2020 y 2022, la RFEF declaró pagos a Gruconsa por 2,6 millones de euros, casi todo ello en 2021.
También está bajo el foco la actividad empresarial de Martínez Alcaide en España y la República Dominicana, donde «trataría de ocultar el destino de los fondos» recibidos de Gruconsa, integrando a Rubiales en su entramado societario, según la jueza.
El auto también examina el rol de González Cueto como comisionado de control externo de la RFEF, cuyo despacho recibió transferencias de Dismantec procedentes de Gruconsa, observando «discrecionalidad» en el uso de fondos federativos «para el pago a terceros». Además, se sospecha que desde la comisión económica de la RFEF, en la que participaban González Cueto y Pedro Manuel González Segura, se elaboraron ofertas ficticias para adjudicar obras a Gruconsa y permitir que Ángel Ignacio incluyera partidas injustificadas en las facturas, canalizando el dinero hacia Nene.
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